Por Oscar Bissio. (*)

132 de los 147 agentes municipales de Bolívar denunciados por la oposición como «despedidos» trabajaron esta semana normalmente en sus puestos habituales.

El dato da por tierra todas las especulaciones que se realizaron en numerosos ámbitos de la comunidad a partir de la «malicia» con que actuó la oposición, y la ignorancia de muchos que repitieron tal discurso.

Lo de la «malicia» opositora no es ninguna novedad. Instalaron falacias no sólo durante la campaña, si no que también lo hacen ahora, como un mecanismo natural de la forma que han adoptado para ser oposición. Si la misma hubiese instalado discursos verdaderos, no se habrían realizado ni el Cantabolívar ni los corsos; y el gabinete municipal estaría hoy incompleto. Estamos ante una nueva mentira.

Si 132 de los 147 agentes municipales denunciados por la oposición como «despedidos», la realidad señala inexorablemente que se trata de una nueva falacia de la oposición.

El 23 de octubre un intendente fue electo por la mayoría de los bolivarenses y ungido en su investidura el 10 de diciembre. En ese lapso, la administración anterior convirtió en agentes de planta permanente a estos 147 trabajadores. Es decir que -cuando tomó tal medida- ya había perdido el municipio a instancias del Frente para la Victoria. Una actitud que comprometía desde su génesis el tesoro municipal. Una medida que le da vida a la citada malicia como el adjetivo calificativo que le cabe a esta coyuntura.Al seguir esta línea de malicia, intenciones solapadamente ordinarias y malignas del viejo gobierno errequista, tales nombramientos le costaron al nuevo gobierno buquista el 50% de aumento de la masa salarial. Un brulote demasiado difícil de cargar sobre las espaldas de una gestión que comienza y se gesta en el más progresista de los espíritus. Eso no es oposición. Es lisa y llanamente recargar de modo malintencionado a la nueva gestión.El segundo dato es el que agrava más aún la irresponsabilidad del gobierno de José Gabriel Erreca. Que además de haber obligado a engrosar el presupuesto salarial en tan superlativos porcentuales, lo haya hecho cuando ya sabía que desde el 10 de diciembre no sería más el intendente del partido de Bolívar. Y que entre gastos de campaña electoral, masa salarial y afines, haya endeudado al municipio, insisto, sabiendo que se iba, en unos ocho millones de pesos. Una realidad que determinó que el cierre del ejercicio el de 2011 haya resultado deficitario tras muchos años. Hasta golpista parecen estas determinaciones de la ahora oposición, cuando aún era gobierno, al pretender atorar de entrada a la nueva alternativa. Y además, hipócrita, si se sabe que el simonerrequismo (Copyright Chino Castro) jamás defendió la dignidad de sus trabajadores, los municipales. Nunca estuvo en agenda.Lo cierto es que los vecinos deben saber objetivamente que los gobiernos municipales son auditados regularmente por el Tribunal de Cuentas que ya anticipó «el estado de irregularidad» que revisten estos nombramientos. Sufren de irregularidad al no ajustarse en la mayoría de los casos, al escalafón municipal.

“Seamos serios, cuando un compañero está más de un año contratado, ya es de planta y lo tienen que nombrar y no esperar al último día para hacerlo”, dijo claramente un miembro de la Federación de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires que estuvo ayer en Bolívar para analizar el controvertido caso.Ante tal escenario, el nuevo gobierno deberá denunciar formalmente estas irregularidades y contener a los trabajadores, rehenes verdaderos de una puja política provocada desde la nueva oposición. La prolijidad con que el nuevo gobierno ha manejado esta historia debe llegar a buen puerto. Comenzó con un censo municipal anunciado oportunamente, un análisis exhaustivo del personal y debe culminar con el hallazgo de una fórmula para que nadie quede en la calle.

(*) Periodista bolivarense, colaborador especial de Edición Séptima.