Presos de la cárcel porteña de Villa Devoto y de otros penales federales iniciaron una huelga de hambre y batucadas contra la reforma de las salidas transitorias que el Gobierno tiene previsto modificar en las próximas horas, tras el asesinato de la joven entrerriana Micaela García.
Fuentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) informaron que la protesta en el penal de Devoto, situado en Bermúdez 2651, era llevada adelante por internos de los pabellones 5 y 6.
Los presos iniciaron el domingo por la tarde la medida, que incluyó la quema de ropas de cama y batucadas que alteraron al vecindario.

«La medida es contra la reforma de la ley 24.660, que regula las salidas transitorias o la reducción de penas, se lleva adelante en todos los penales federales», destacaron los informantes.
La reforma, que cuenta con sanción de Diputados, endurece las penas prohibiendo el régimen de semidetención o de salidas transitorias de imputados por delitos de homicidio, de índole sexual o de robo con armas.
El tema del endurecimiento de penas se tratará, según lo anunciado, este martes por la tarde en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado. El tratamiento del tema se aceleró tras el asesinato de la joven Micaela García (21) a manos de Sebastián Wagner, quien había sido excarcelado por el juez de Ejecución de Penas de Entre Ríos, Carlos Alfredo Rossi tras cumplir seis años de los nueve a los que fue condenado por dos violaciones. En tanto, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, lamentó la protesta que realizan desde la semana pasada los presos de los talleres del penal de Coronda en rechazo del decreto que limita las salidas transitorias. La medida, dijo, «les genera un perjuicio a ellos mismos».
Este tipo de protestas carcelarias «ya se realizaron en reiteradas oportunidades», dijo, y consideró que «hay una cuestión simbólica» en torno de esas manifestaciones.

Los presos de Coronda iniciaron el 12 de abril una protesta en rechazo al decreto 4127/16 del gobernador Miguel Lifschitz, que modificó el sistema de puntuación con el que se establecen las salidas transitorias de los internos.
La protesta, dijo el ministro, «les genera un perjuicio a ellos mismos, porque la mayoría cobra hasta 1.900 pesos en función del régimen laboral».
Por radio Dos de Rosario, Pullaro defendió el decreto y pidió que los jueces tengan «una mirada mucho más amplia» a la hora analizar cada caso para permitir salidas transitorias. El decreto endureció los requisitos para ese tipo de beneficios para los presos y, aunque fue declarado inconstitucional por la Justicia santafesina, aún se está aplicando porque el gobierno apeló el fallo. Lilian Echegoy, de la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC), sostuvo que «la aplicación de esta norma ha generado una situación muy difícil con las visitas, porque hay como una extensión de la pena hacia las mismas, que no tienen nada que ver con el delito que han cometido los presos». Sostuvo Echegoy que «estas situaciones arbitrarias, se aplican incluso con los niños que ingresan a visitar a sus parientes. Por falta de atención médica o abandono de personas, en las cárceles se está aplicando una pena de muerte informal».

Fuente: Agencia de Diarios y Noticias (DyN)