El Defensor del Pueblo adjunto, Walter Martello, criticó la jurisprudencia que impide a las Defensorías del Pueblo locales cuestionar judicialmente las decisiones emanadas de autoridades nacionales y pidió profundizar aquellas políticas públicas en pos de construir e integrar los sistemas de gestión del Estado desde la perspectiva de Derechos Humanos.

Así lo hizo durante una jornada de reflexión y debate por el 25 aniversario de la reforma de la Constitución bonaerense, organizada por la Facultad de Derecho de la UNLP, la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Universidad platense y el Senado bonaerense.

“Es difícil justificar por qué cualquier organización de la sociedad civil puede impugnar actos y omisiones del Estado nacional que afectan a personas domiciliadas en cualquier lugar del país mientras que, al mismo tiempo, se impide hacer lo propio a una figura pública que -ya desde lo conceptual- tiene este tipo de actuaciones colectivas como una de sus misiones y funciones esenciales. A su vez, a nuestro modo de ver, los alcances de la legitimación de los Defensores del Pueblo locales deberían definirse por el grupo o clase representada (habitantes de la Provincia, por ejemplo) y no por el objeto mediato de la pretensión procesal”, sostuvo Martelo

En ese sentido, el Defensor del Pueblo adjunto planteó el desafío de “avanzar en la construcción de indicadores cuantitativos y cualitativos para medir el progreso en la realización de los derechos humanos. El proceso que lleva a los derechos humanos, desde el establecimiento de normas hasta la realización efectiva, depende en gran medida de la disponibilidad de instrumentos apropiados para la formulación y la evaluación de las políticas públicas”, explicó Martello, quien fue invitado a cerrar el ciclo de charlas y debate con una conferencia sobre “Novedades en Relación a los Órganos Constitucionales”.

Durante la disertación, realizada en la sala del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho, Martello consideró que el órgano de garantía que integra, establecido a partir de la reforma de 1994 en la carta magna bonaerense, puede cumplir “un rol clave para lograr la implementación de la Agenda 2030, el plan de acción definido por las Naciones Unidas – a favor de las personas, el planeta y la prosperidad- en todos los ámbitos de gobierno. Toda las Defensorías del Pueblo locales, a lo largo y ancho del país, tienen mucho para aportar”.

“Cuando hablamos del Defensor del Pueblo debemos asociarlo a una garantía de control y fiscalización, sin lo cual los derechos humanos, especialmente de los sectores más postergados, serían meras abstracciones”, concluyó.

Fuente: Defensoría del Pueblo