«No resulta justo ni equitativo que los usuarios terminen pagando los errores de los gobernantes, ya que la necesidad de importar gas es producto de la falta de inversión del Estado Nacional y de las empresas concesionarias. Inversión que al no realizarse hace que se siga venteando el gas en nuestra Patagonia y que se deba comprar a Bolivia o traer en barcos de otros países, a precios en muchos casos excesivos para el mercado interno ya que están sujetos a los valores internacionales», sostuvo el legislador del bloque alternativa peronista.

En el proyecto presentado en la Cámara de Diputados bonaerense especifica que «la información no ha sido suficiente ni efectiva, ya que muy pocos usuarios han concurrido a las oficinas de las empresas prestadoras del servicio de gas a los efectos de hacer uso de la opción de abonar sólo el consumo efectuado más los impuestos correspondientes» en referencia al fallo de la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que hizo lugar a la medida cautelar y suspendió provisoriamente la aplicación del nuevo cuadro tarifario del servicio de gas, hasta tanto se resuelva sobre el fondo de la cuestión, esto es, si declara la nulidad o no de las resoluciones que fijaron los aumentos.

«En este sentido, hay que tener en cuenta que se trata de un decreto inconstitucional ya que crea un tributo cuando el Poder Ejecutivo de la Nación no tiene esas facultades, ya que son propias del Poder Legislativo», aclaró el diputado saladillense.

«Hay que considerar que hoy el gas importado representa cerca del 20% del consumo total del país, y se estima que este año estas importaciones podrían demandar entre 5000 y 6000 millones de dólares: la cantidad de barcos contratados por Enarsa pasaría de 50 a 80, y los acuerdos con Bolivia estipulan aumentar en un 50% los envíos diarios del fluido. Además, el precio de los contratos sufrirá incrementos respecto de los valores pagados en 2011, con lo que se podría concluir que los usuarios seguiremos pagando el costo del gas importado por un lapso de tiempo prolongado y con aumentos, por lo que resulta necesario que el gobierno nacional deje sin efecto el cobro de este concepto», concluyó Lissalde.