Un nuevo monitoreo sobre las condiciones de detención en la Unidad 42 de Florencio Varela, que incluyó una radiografía sobre la infraestructura y un relevamiento de los servicios de salud, alimentación y educación que reciben los internos, realizó el Defensor del Pueblo Adjunto en Derechos Humanos y Salud de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Honores.

La recorrida al establecimiento, que combina regímenes cerrado, abierto y semiabierto, incluyó una serie de entrevistas a las autoridades del penal y múltiples contactos directos con personas privadas de su libertad.

El penal, que fue construido en 2005 y cuenta con una dotación de 245 agentes penitenciarios, tiene 12 pabellones en donde se albergan la mayoría de los 882 detenidos, mientras que en las casas de régimen abierto y semiabierto conviven 102 personas, sobre una capacidad de 550 personas.

De la población del penal, mayoritariamente jóvenes de entre 18 y 24 años, un total de 210 tiene acceso a la educación primaria (140 alumnos) y secundaria (70), mientras que el 80% de los jóvenes que ingresan a la Unidad 42 no finalizaron los estudios primarios.

En materia de capacitación laboral, los internos pueden acceder a talleres de carpintería, herrería, panadería, cultivo de hortalizas, además de llevar adelante actividades propias de mantenimiento de los pabellones y espacios comunes de la unidad.

En la carpintería confeccionan muletas y bastones que serán donados a un hogar de ancianos, en tanto la panadería abastece a la totalidad del complejo penitenciario de Florencio Varela (5 mil personas), al producir un total de 900 kilos diarios de pan.

De todas formas, existe un déficit de espacios en materia de aulas y lugares de estudio, situación que se repite en los talleres.

Al enumerar reclamos, se consideró que se necesitan más profesionales en el área de la salud y elevar el número de personal penitenciario; la falta de más de 100 colchones; y el problema recurrente de los desbordes cloacales.

Además de Honores, de la visita a la Unidad 42 participaron el secretario de Promoción de Derechos Humanos de la Defensoría, Luis Rech, y los funcionarios de esa área Flavio Ponce y Matias Surigaray.

Fuente: Defensoría del Pueblo de Buenos Aires