Puntualmente, el organismo que conduce Guido Lorenzino quiere saber en detalle la cantidad de docentes cesanteados durante 2018; si fueron debidamente notificados; si jubilaron a los docentes bajo la modalidad ordinaria, por la cual comenzarán a percibir el 60% de su último haber en concepto de anticipo jubilatorio; y si es así por qué se les impidió elegir la modalidad con la cual se desean jubilar, del mismo modo que lo hacen todos aquellos jubilados docentes que no fueron cesados de oficio.
Ante esta situación, Lorenzino alertó sobre “la problemática que generaría esta decisión, ya que el docente que fue jubilado de oficio percibirá casi la mitad de sus haberes en concepto de anticipo jubilatorio hasta que salga su jubilación definitiva, lo que puede extenderse un par de años”.
“Estamos ante una decisión oficial que puede provocar la vulneración de varios derechos, entre ellos los que tienen que ver con la salud, la alimentación y hasta la protección integral de la tercera edad. Es por eso que se debe buscar una rápida solución, teniendo en cuenta la compleja situación que viven los docentes”, puntualizó Lorenzino.
Fuente: Defensoría del Pueblo de Buenos Aires