Ante la falta de dispositivos que atiendan la problemática que representa el seguimiento de casos y la externación de jóvenes usuarios del sistema de salud mental residentes en la Provincia, pero internados en establecimientos de salud de la ciudad de Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo bonaerense fue anfitriona de un encuentro que derivó en la conformación de una mesa de niñez y adolescencia que comenzó a abordar el tema con la participación de todos los actores del sector público involucrados.
El encuentro fue encabezado por el Defensor del Pueblo Adjunto en Derechos Humanos y Salud de la Provincia, Marcelo Honores, acompañado por los funcionarios de esa organización, Marcia Lázaro (secretaria de Salud), Karina Nazabal (secretaria de Género y Niñez), Marta Muñiz y Emilse Moreno, mientras que por el Órgano de Revisión Local (ORL) de Salud Mental que preside el Defensor, Guido Lorenzino, estuvieron Marcelo Carignani (asesor) Verónica Alais (coordinadora de la secretaría ejecutiva), Nair Della Vedova y Macarena Canclini.
Asimismo, participó de la mesa multisectorial la secretaria ejecutiva del Órgano de Salud Mental de la Nación, María Graciela Iglesias; Javier Naveros, director de Atención de la Salud Mental y Adicciones de la subsecretaría de Determinantes Sociales, del ministerio de Salud bonaerense, junto a Frasina Di Tomaso; Silvia Pujol por la dirección general de Salud Mental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Guillermo Sidoli, director de Promoción de Derechos del organismo de Niñez y Adolescencia, con Cecilia Eggers; y Karina Torres de la dirección provincial de Hospitales.
Durante la reunión se puso sobre la mesa que el 90% de los chicos internados en el Hospital Psiquiátrico Infanto Juvenil Tobar García, de la ciudad de Buenos Aires, tienen residencia en la Provincia.
Siguiendo ese dato, se analizaron los problemas de acceso, en territorio bonaerense, a los dispositivos de atención de niños y adolescentes, lo que repercute en una inmediata internación en los centros de salud porteños.
También se puso la mira sobre la dificultad de trabajar la re vinculación de los usuarios con sus familias o referentes, ante la inexistencia de recursos en las cercanías a donde viven los jóvenes.
En esa línea, se planteó el desafío de pensar nuevas estrategias vinculadas a la externación, sin que necesariamente la salida sean los hogares terapéuticos.
Otro punto que ocupo parte de la charla fue la falta de profesionales que estén dispuestos a trabajar casos de salud mental y adicciones en la franja etárea a la que pertenecen los niños y adolescentes.
Además, se informó sobre un trabajo interministerial – entre Desarrollo Social y Salud- que apunta a romper barreras en la atención de todas las urgencias que involucren problemáticas vinculadas a la salud mental.
Se reseñó que el programa brinda recursos y capacitación a los equipos hospitalarios con la inclusión de protocolos de abordaje psicofarmacológicos. Y se puso el acento, por último, en que a partir de que la persona ingresa por urgencia, entra en el sistema de seguimiento, con la idea de que el joven pueda sostener el tratamiento, que luego será monitoreado por salud mental del municipio y la Provincia.

Fuente: Defensoría del Pueblo