Razonabilidad a la hora de autorizar aumentos y que la implementación del nuevo cuadro se publique adecuadamente para que los usuarios cuenten con la información necesaria para tomar la decisión respecto al uso racional del servicio eléctrico, fue el pedido que hizo la Defensoría del Pueblo bonaerense, a cargo Guido Lorenzino, en la audiencia pública de la luz, que se realizó en el Palacio de las Aguas Corrientes en la Ciudad de Buenos Aires.

Puntualmente, el reclamo hecho por el secretario de Obras y Servicios Públicos del organismo, Jorge Ruesga, tuvo que ver con que los incrementos de las tarifas en algunos casos llegaron al 1.000% y los ajustes de los ingresos de la población no fueron superiores en promedio al 50%.

“En un contexto social y económico como el que estamos atravesando, aplicar estos aumentos afecta a los sectores más vulnerables”, señaló, y retiró el pedido para la ampliación de los beneficiarios de la tarifa social, de manera tal que se asegure el acceso al servicio eléctrico para todos los bonaerenses.

Además, Ruesga manifestó que la Defensoría solicitó al Ente Regulador (ENRE) información de las inversiones comprometidas y realizadas por las empresas en la audiencia pública del año pasado.

En el marco de que el Estado tiene el deber de asegurar la calidad y la continuidad del servicio, el Organismo de control tiene que monitorear el comportamiento de las empresas concesionarias y de las inversiones en obras destinadas a mejorar la calidad del servicio que reciben los usuarios.
Por último, Ruesga señaló que “el Estado tiene la obligación de asegurar que todos tengamos acceso al servicio eléctrico, y que el servicio debe tender hacia la universalización, y asegurar que cada vez más potenciales usuarios accedan efectivamente al servicio en condiciones adecuadas”.

Fuente: Defensoría del Pueblo de Buenos Aires