En el marco del Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down, la Defensoría del Pueblo bonaerense le pidió al Gobierno Nacional que elimine la exigencia de renovar el C.U.D cuando se trata de casos con discapacidades permanentes e irreversibles.

Con el objetivo de evitar la posible vulneración de derechos y la discriminación hacia las personas con Síndrome de Down, el organismo bonaerense pidió que se modifique la Ley de Certificado Único de Discapacidad.  Además, la Defensoría advirtió que no hay estadísticas oficiales sobre este síndrome.

El Defensor Adjunto, Walter Martello, explicó que “resulta indispensable la eliminación por parte del Estado de la exigencia de renovación del C.U.D en los casos de discapacidades permanentes e irreversibles, sin perjuicio de los controles periódicos que puedan exigir las Juntas Evaluadoras”.

En esta línea, Martelló indicó que “las desventajas sociales que sufren las personas con Síndrome de Down no deben abordarse a partir de la buena voluntad de otras personas o de los gobiernos. Se debe encarar y modificar los aspectos estructurales, porque esas desventajas son violatorias del goce y ejercicio de sus derechos humanos”.

El organismo bonaerense le recomendó al Gobierno guiarse con lo que marca la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La norma internacional indica que las personas con síndrome de Down deben gozar de los derechos humanos en igualdad de condiciones y no deben ser objeto de políticas caritativas o asistenciales ya que son sujetos de derechos humanos.

Para la Defensoría el C.U.D va en contra del espíritu de esta norma ya que somete a las personas con discapacidad y a su grupo familiar a la realización de engorrosos y burocráticos trámites a la hora de solicitar la renovación del certificado.

«Acreditada la discapacidad permanente e irreversible del afectado, el certificado se expedirá por única vez y de forma definitiva, y deberá consignarse en el mismo su fecha de emisión”, planteó Martello.

La Defensoría del Pueblo bonaerense destacó el trabajo que realizó la ONG “Tercer Sector” en base a los datos de los familiares que concurren a la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina.

Los datos cuantitativos que se desprenden de este estudio, revelan que uno de cada dos niños, niñas y adolescentes con Síndrome de Down concurre a un establecimiento educativo común, que el 29% no posee maestra integradora, en 4 de cada 10 casos la autoridad del colegio exige la doble matriculación en una escuela especial, el 85% concurre a un establecimiento privado, el 14,2 % lo hace en un estableciendo público, y que sólo el 8,3% de las personas con Síndrome de Down culminó los estudios secundarios.

En cuanto a las personas que realizaron reclamos ante organismos públicos y privados, el 72% lo hizo ante la obra social y un 20% reclamó ante el INADI, con lo cual 2 de cada 10 sufrieron episodios de discriminación.

Fuente: Defensoría del Pueblo