Tras varios encuentros, finalmente los jefes comunales peronistas del interior bonaerense le presentaron a la gobernadora María Eugenia Vidal una “agenda de temas relevantes a consensuar” para adherir a la Ley de Responsabilidad Fiscal.

La nota presentada el último viernes lleva a la firma de catorce intendentes, grupo que en diciembre del 2017 fracasó en su intento de frenar la Legislatura bonaerense del Presupuesto y el Endeudamiento, y que a partir de ahí comenzó a reunirse para avanzar con reclamos conjuntos ante el Gobierno bonaerense y diagramar una propuesta alternativa a la ley aprobada.

“Entendemos necesario la evaluación y análisis parlamentario de las cuestiones aquí enunciadas, con el objetivo de contribuir a fijar pautas de transparencia y eficiencia en la inversión de los recursos públicos, así como el fortalecimiento del principio de autonomía municipal (reconocido constitucionalmente)”, señala el encabezado de la nota.

En la agenda de temas descriptos se plantea rever cuestiones referidas a la seguridad, la vivienda, asuntos previsionales, salud, medio ambiente, administración municipal y servicios públicos.

“No es que nos oponemos a la ley de Responsabilidad Fiscal, pensamos que no fue debatida, y que no se adecua a las necesidades del interior de la provincia. Es una ley importada, no hecha a la medida de la provincia”, había señalado uno de los intendentes a Letra P.

Además, postulan objetivos como la recuperación de un programa de Infraestructura Urbana y Social (FIM); restitución del Fondo de Seguridad; rever la distribución del aumento del 5% al 10% de lo producido por juegos de azar según CUD entre los 135 municipios; y la deducción del inmobiliario rural de aquello abonado en concepto de mantenimiento de la red vial hasta un valor de un litro de gasoil por hectárea por mes; modificar la Ley 10.559 elevando el monto coparticipable de 16,14 por los nuevos roles asignados al municipio; reclaman participar en los parámetros de modificación del CUD y generar un convenio entre los municipios y ARBA a los efectos de que los municipios puedan liquidar derecho de construcción al sector rural.

Sobre el final de la nota, los intendentes plantean que se avance con “una nueva ley de responsabilidad fiscal o modificación de la existente que contemple los puntos mencionados y se corrijan los artículos que restringen las facultades conferidas por la Constitución a los Departamentos Ejecutivos y Concejos Deliberantes art. 190 a 197 de la Constitución Provincial, donde claramente dice que la legislatura debe dar las normas necesarias para que los municipios puedan cumplir eficazmente con los intereses y servicios locales”.

La nota está firmada por el jefe comunal de Gonzáles Chaves, Marcelo Santillán; de Alberti, Germán Lago; de Leandro N. Alem, Alberto Conochiari; de Ramallo, Mauro Poletti; de Benito Juárez, Julio Marini; de Roque Pérez, Juan CarlosGasparini; de Capitán Sarmiento, Oscar Ostoich; de San Antonio de Areco, Francisco Durañona.

También por Walter Torchio de Carlos Casares; por Gustavo Cocconi de Tapalqué; Ricardo Casi de Colón; Hernán Ralinqueo de 25 de Mayo; Alfredo Fisher de Laprida y Juan Ignacio Ustarroz de Mercedes.

Este espacio, que busca funcionar de forma autónoma y con una fuerte representación frente a la administración provincial, tiene un posicionamiento diferente al adoptado por sus pares de Lomas de Zamora (Martín Insaurralde), Partido de la Costa (Juan Pablo De Jesús) y Saavedra (Hugo Corvatta), quienes fueron parte de las negociaciones que posibilitaron el avance del paquete de leyes enviados por el Ejecutivo; y además, buscan diferenciarse de un eventual posición de sus compañeros del Conurbano que, dicen, tienen «necesidades diferentes».

 

Fuente: LetraP