bullrich garavanoLos ministros se hicieron presentes en la Cámara Alta para exponer sobre el Plan de Justicia 2020 que prevé modificaciones en la organización de los juzgados nacionales y federales y la penalización en el desvío de precursores químicos, y manifestaron que su implementación es un «desafío» para el Gobierno.

Los ministros se presentaron ante un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, de Presupuesto y Hacienda y de Seguridad Interior, que se reunieron en el Salón Arturo Illia del Senado para comenzar a debatir los proyectos de la reforma en materia judicial y de seguridad que impulsa el Ejecutivo.

Garavano se ocupo de defender el proyecto que propone la unificación de los fueros de la Justicia Nacional en lo Criminal de Instrucción y en lo Correccional y juicio unipersonal; y el que se refiere al fortalecimiento de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal y en lo Penal Económico.

Por su parte, Bullrich se abocó a la iniciativa del paquete que establece penalizar el desvío de precursores químicos para la producción ilegal de estupefacientes.

Garavano aseguró que los dos primeros proyectos apuntan a «modernizar el Poder Judicial» y principalmente a agilizar la tarea de los juzgados, dado el bajo nivel de resolución que tienen los casos que tramitan en algunos fueros.

«De 76 mil casos que ingresan por año a los juzgados correccionales de la Ciudad, sólo llega a juicio oral el 1%», puso como ejemplo Garavano, al defender el proyecto de unificación de los fueros correccional y de instrucción.

En su exposición, el ministro también se refirió a la implementación del juicio unipersonal, que establece la posibilidad de optar por un solo juez en lugar de un tribunal colegiado, tema que fue cuestionado por senadores del FPV y del Interbloque Federal.

Garavano destacó que «no hay precedentes de ningún cuestionamiento al sistema de juzgamiento unipersonal» en otro país y anunció, además, que el Gobierno prevé «empezar en 2017 con los juicios por jurado, sistema que funciona con juez unipersonal».

A su turno, Bullrich señaló que el proyecto que penaliza el desvío de precursores químicos para la producción ilegal de drogas modifica la ley 23.737 sobre estupefacientes y, en este contexto, anunció una modificación futura, tras señalar que esa norma «trata igual al narcotráfico que al adicto».

La ministra de Seguridad indicó que eso «ya no tiene mucha razón de ser» y agregó: «Vamos a mandar un proyecto de ley para intentar buscar una solución más adecuada al tiempo que estamos viviendo».

Respecto del proyecto para penalizar el desvío de precursores, Bullrich señaló que «el objetivo concreto es detener, neutralizar el desvío de las sustancias químicas que son comercializadas en el mercado legal con fines médicos, farmacéuticos».

La funcionaria subrayó que de acuerdo a la iniciativa «el delito se configura cuando se altera ilegítimamente el destino de uso» del precursor químico o cuando el laboratorio encargado de su producción «le otorga información falsa al Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE)».

En este sentido, la ministra explicó que las sanciones se extenderán también a la empresa que fabrica o comercializa el precursor químico desviado, en caso de que la Justicia determine su responsabilidad en el delito.

Uno de los momentos de mayor debate se dio cuando Bullrich contó que la experiencia de los últimos años de lucha contra el narcotráfico «dice que la vía civil ha sido mucho más expedita que la vía penal».

Rápidamente, el jefe del bloque del PJ-FPV, Miguel Ángel Pichetto, la cruzó: «Si vamos por la acción civil, estamos liquidados en la lucha contra el delito y el narcotráfico. Los muchachos están viviendo en barrios cerrados».

Tras la exposición de los ministros, el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penal, Pedro Guastavino (PJ-FPV) anunció que el debate de las tres iniciativas continuará la semana próxima, con la presencia de jueces y actores interesados en el tema.