Jorge D. tiene una discapacidad severa y le rechazaron la tarifa social del agua por tener dos propiedades. Una de ellas era un terreno heredado: más allá de las gestiones que llevó adelante la Defensoría del Pueblo bonaerense para que reconozcan esta situación, el Ocaba, órgano de control que daba el apto para que Absa otorgue el beneficio, rechazó de plano el reclamo.

Domingo C. nunca entendió por qué le bajaron el porcentaje que percibía de tarifa social: del 50% del total de la facturación, se la bajaron al 25%. Si bien le confirmaron que corregirían esta situación, lo que pagó de más no sería reconocido.

Manuel L. es jubilado, vive solo y le rechazaron la tarifa social por tener dos propiedades. Aunque vendió una, el sistema nunca lo registró. La Defensoría lo acompañó en el reclamo, acercó el boleto de compra venta al Ocaba, pero hace ocho meses que sigue esperando que le firmen la resolución para que le habiliten el beneficio que ahora sí le corresponde.

Manuel G. es jubilado y hace dos años que intenta acceder a la tarifa social pero, después de que le exigieran que presente las boletas de la luz de los últimos 18 meses, lo rechazaron argumentando que tiene un consumo de más de 180 KW. de electricidad.

“En la gran mayoría de los reclamos que nos llegan relacionados a la tarifa social, nos encontramos con un denominador común: no hay razones claras cuando rechazan el beneficio a los usuarios. Es por eso que exigimos que el Estado universalice y simplifique este trámite para los que más lo necesitan”, sostuvo el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino.

Entre las trabas más comunes entre las quejas que recibe el organismo aparecen la falta de asesoramiento, el maltrato, el exceso de documentación exigida, la dificultad de acceso a los lugares donde se hacen las gestiones y que se piden más trámites por un beneficio cada vez menor.

“Pareciera que buscan que la gente se canse, cuando en realidad el Estado, que tiene el registro de quiénes necesitan la tarifa social, debería garantizar un acceso fácil y directo. No se puede pedir que la persona todos los años renueve su situación, porque enfrentan entonces una doble carga, la de ser pobre y la de que el propio gobierno le dificulte acceder a lo que realmente necesita”, agregó el Defensor del Pueblo.

En esa línea, Lorenzino expresó que “mientras el gobierno apunta a modernizar el Estado, evitando trabas para las empresas y que tengan validez los expedientes digitales, no facilita el acceso a la tarifa social para las personas más vulnerables y con menos recursos”.

La intervención de la Defensoría

Según un estudio realizado para la Defensoría del Pueblo junto al Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), aproximadamente el 70% de los hogares del Conurbano bonaerense, con un ingreso inferior a 13.000 pesos mensuales o que perciba ingresos por algún programa social, está excluido de la tarifa social. En el caso del agua, esta cifra llega casi hasta el 80%.

“No es verdad, como dice el gobierno, que la tarifa social es de cobertura automática. La mayoría de los hogares de la Provincia que deberían contar con ese beneficio se encuentran excluidos del mismo. Por ello solicitamos que se simplifiquen los requisitos establecidos para la tarifa social, de manera que la cobertura llegue a todos sus destinatarios reales”, explicó Lorenzino.

Una vez alcanzados por el beneficio –que debería ser actualizado anualmente-, el porcentaje de descuento al cual accederá cada beneficiario de la tarifa social, debería ser el siguiente:

1) Grupo familiar de hasta dos personas cuyo ingreso sea menor o igual al equivalente a dos Salarios Mínimo, Vital y Móvil y consuma menos de 180 kw por mes: 20% de descuento sobre el total de la factura. Si en el grupo familiar además hay una o más personas con discapacidad, se adicionará un 5% de descuento sobre el total de la factura, esto es un 25% en total.

2) Grupo familiar de más de dos personas cuyo ingreso sean menor o igual al equivalente a dos Salarios Mínimo, Vital y Móvil y consuma menos de 180 kw por mes: 50% de descuento sobre el total de la factura. Si en el grupo familiar además hay personas con discapacidad, se adicionará un 15% de descuento sobre el total de la factura, esto es un 65 % en total.

3) Grupo familiar cuyo ingreso sea menor o igual al equivalente a un Salario Mínimo Vital y Móvil y consuma menos de 180 kw por mes, o casos excepcionales: entre 65 y 80% de descuento sobre el total de la factura, a criterio de la Prestadora, debiendo comunicarlo al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia. Además, todos los beneficiarios de la tarifa social estarán exentos de abonar la Tasa de Fiscalización y Control del Organismo de Control del Agua de Buenos Aires.

Fuente: Prensa Defensor del Pueblo de Buenos Aires