camara de diputados recinto congresoEl oficialista Cambiemos logró emitir dictamen de un texto unificado que amplía la figura del arrepentido para casos de corrupción, con el respaldo del Frente Renovador y de varios bloques de la oposición, en el marco de un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, donde ratificó su intención de debatir el texto este jueves en el marco de una sesión especial.

La iniciativa, que fue debatida en el marco de las comisiones de Legislación Penal, a cargo de la radical jujeña Gabriela Burgos y de Seguridad Interior, que preside Luis Petri (UCR-Mendoza), contempla para el arrepentido la «reducción en un tercio del mínimo y la mitad del máximo de la pena que se trate» pero no la extinción de las condenas para quien brinde información que pueda contribuir a esclarecer causas judiciales.

El texto que tuvo dictamen este miércoles terminó de consensuarse ayer en base a las propuestas de los legisladores del Frente Renovador de Sergio Massa, otros bloques de la oposición y aportes del Ministerio de Justicia y de la Oficina Anticorrupción.

Si bien el proyecto contó con el respaldo de la mayoría de los bloques de la oposición, el Frente para la Victoria pidió tiempo hasta las 20 para analizar el texto y tomar una decisión, luego de cuestionar la figura del colaborador eficaz, incluida en la iniciativa, al considerar incongruente el texto consensuado, mientras que las Izquierda anticipó su contundente rechazo a la iniciativa.

En el marco del debate, Burgos puso de relieve la importancia de avanzar en esta figura que, dijo, «en muchos países de la región se viene utilizando desde hace años y ha tenido muy buenos resultados» y aseguró que el ex secretario de Obras Públicas, José López, «no se va a ir a su casa con esta ley porque estamos hablando de una reducción de penas», en respuesta a las afirmaciones de la diputada del FIT, Myriam Bregman, que había advertido sobre esa posibilidad.

«Resulta inexplicable que existiera para narcotráfico, secuestros extorsivos, aun en los supuestos de traición a la patria, pero es una de las grandes deudas que no esté prevista para los delitos de corrupción», aseguró Petri, quien aclaró que con este proyecto se va a «uniformar la respuesta penal porque a partir de esta ley todos los arrepentidos van a tener la misma respuesta punitiva y no se va a permitir la eximición de pena, sólo la reducción».

De todos modos, Petri explicó que «la inhabilitación, la multa y el decomiso tienen que ser aplicables, independientemente del avance de la investigación», al sostener que «ése es el gran mérito de incluir a los delitos de corrupción».

Desde el Frente Renovador, Graciela Camaño, dejó en claro el respaldo de ese espacio a la iniciativa, al sostener que «tenemos la firme convicción que es absolutamente necesario que dotemos de este tipo de instrumentos a la Justicia, más allá de la coyuntura», al destacar la necesidad de establecer «herramientas distintas, modernas, desafiantes que nos permitan establecer un nuevo paradigma».

El radical Diego Mestre, presidente de la comisión de Justicia de la cámara baja, dijo estar «absolutamente a favor» del proyecto y propuso incluir la figura para los casos de adulteración o supresión de identidad, cuestión que fue rechazada porque, según se explicó, podía ser mal interpretada en casos vinculados a delitos de lesa humanidad.

Por su parte, la postura del Frente para la Victoria, que tiene un dictamen propio, fue planteada por el diputado Luis Tailhade, quien sostuvo que el proyecto del oficialismo «mantiene cuestiones que no podemos admitir» y dijo que «no termina de aclararse la figura del colaborador eficaz» porque consideró que «es un testigo que tiene información en una causa donde no está imputado y se está forzando una figura como ésta, a la vez que sostuvo que es «incongruente».

La iniciativa establece, entre otras cuestiones, la reducción en un tercio del mínimo y la mitad del máximo de la pena que se trate para aquellos que «contribuyan a evitar o impedir el comienzo, la permanencia o consumación de un delito; esclarecer el hecho objeto de investigación u otros conexos» pero no la extinción de las penas.

En tanto, el texto aclara que podrán ingresar todos los funcionarios públicos, salvo los que están sujetos a juicio político, contemplados en la Constitución Nacional.

Según el proyecto, el beneficio podrá ser aplicado tanto para delitos de producción, tráfico, transporte, siembra, almacenamiento y comercialización de estupefacientes, precursores químicos o materias primas para su producción o fabricación, así como casos de asociaciones ilícitas y corrupción.

La información que se aporte deberá referirse a personas o delitos penados con una pena igual o mayor a la pena prevista para el delito que se imputa al arrepentido o colaborador, mientras que cuando el delito atribuido al imputado estuviera reprimido con prisión perpetua, la pena sólo podrá reducirse hasta 15 años de prisión.

En el marco del debate, se estableció que el acuerdo con el colaborador o arrepentido podrá realizarse durante la sustanciación del proceso o luego de la sentencia condenatoria y no antes del inicio de la causa, como establecía en principio el borrador de dictamen.