La Defensoría del Pueblo realizó un informe junto al Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA. El estudio, que se llevó adelante en 30 partidos del Área Metropolitana de Buenos Aires y que midió datos del último trimestre de 2017, reveló que el 54,2% de los niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años viven en la pobreza. A esta realidad se le agrega que el 13,1% del total viven en la indigencia y que el 33% no tienen sus necesidades básicas satisfechas.

Esta situación tiene incidencia directa en la alimentación, ya que el 68% de los chicos tienen problemas relacionados a la nutrición: el 20,2% tiene inseguridad alimentaria total, es decir aquellos que redujeron su dieta por problemas económicos; el 10,1% tiene inseguridad alimentaria severa, o sea los que experimentaron hambre por las mismas condiciones; y un 37,7% reciben alimentación gratuita en comedores, en la escuela u otros espacios.

“Hay una línea directa entre la pobreza en los niños y la imposibilidad de que puedan disfrutar de sus derechos. Vemos con preocupación cómo en el Conurbano esta situación impacta cada vez con más fuerza en los más vulnerables a la hora de alimentarse, una situación crítica que interpela a las familias y a las sociedades y cuya solución tiene que ser prioridad para los gobiernos”, precisó Lorenzino.

En este contexto, el Defensor explicó que “se acercaron a la Defensoría personas que están al frente de comedores y que además de recibir cada vez más personas para alimentar, necesitan ayuda para pagar los servicios básicos como gas y luz”.

El acceso al sistema de salud es otro de los factores observados en el informe, y muestra que el 62,4% de los niños, niñas y adolescentes no tiene obra social, mutual o prepaga; el 24,5% no consultó a un médico; y el 53,6% no consultó a un odontólogo.

El informe también hace foco en el espacio del hábitat de vida, y muestra que el 52% de los chicos experimentan déficit en el medioambiente (habitan viviendas próximas a áreas contaminadas); el 29,2% tienen déficit en la calidad de la vivienda (construcciones precarias); el 28,6% viven en situación de hacinamiento; y el 63,7% viven bajo déficit en el saneamiento de la vivienda (espacios sin cloacas, agua corriente o inodoro con descarga).

“Los datos de este trabajo deberían ser una señal de alerta para quienes deciden las políticas públicas destinadas a la infancia y la asignación de recursos efectiva para garantizar que las familias más vulnerables y sus hijos puedan acceder a la alimentación, educación, salud y vivienda”, concluyó Lorenzino.
Fuente: Defensoría del Pueblo