El 9 de febrero será un día histórico para la ciudad. Esa jornada marcará el inicio del juicio contra los imputados por el secuestro y homicidio de Carlos Alberto Moreno. Con más de 70 testigos que darán testimonio en el aula Magna de la Unicén en Tandil, se juzgarán a cinco imputados: tres de ellos integrantes de  fuerzas de seguridad .

Los que lo conocieron afirman que Carlos, que sólo tenía 29 años cuando lo mataron, amaba a su ciudad  y se enorgullecía de ella. El próximo 9 de febrero cuando el reloj marqué las 13, Julio Tommasi (81), Roque Pappalardo (74), José Luis Ojeda (59) y los hermanos Emilio (71) y Julio Méndez (69) serán juzgados. De todos ellos, sólo Ojeda es ahora menor de lo que  sería Moreno. Y junto a Julio Méndez, en caso de condenas, serán los únicos que deberán cumplir con una pena de cárcel efectiva por no tener 70 años.

Este juicio tiene ciertas características que destacan su importancia no sólo a nivel local y regional sino además, nacional.Por empezar, es la primera causa que llega a juicio oral y público de todas las que se iniciaron acerca del circuito represivo en la región. Pero además -y esto la distingue a nivel nacional- tendrá a dos civiles -ambos de enorme importancia en la historia local tandilense por sus respectivos roles económicos y sociales en la ciudad- sentados en el banquillo. Y, finalmente, tanto la fiscalía federal encabezada por Daniel Adler como la familia Moreno apuntarán al rol que habría tenido a la hora de la desaparición forzada del abogado laboralista una empresa como Loma Negra.

Desde hace largos años, cada 29 de abril -fecha del secuestro de Moreno- su mujer y sus hijos vienen publicando en Página 12 un recordatorio en el que aluden sistemáticamente a la supuesta responsabilidad de la industria cementera en el destino del abogado. Y este mismo concepto fue abordado profusamente en el documental dirigido por Matías Moreno y Virginia Russel bajo el título de «La sonrisa del Negro».

Los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA) que fueron sumados  a la causa aportan  la existencia de tres fichas confeccionadas a nombre de Carlos Alberto Moreno que acreditan la persecución de la que fue víctima. Esas fichas fueron elaboradas respectivamente el 3 de octubre de 1973, el 4 de abril de 1974 y el 20 de mayo de 1977. En la segunda se refiere a su pertenencia a una organización de nombre de fantasía inventado claramente para justificar el fichaje: ahí se lo identifica como integrante de la Juventud Peronista Pacifista Tandil. En la última, cuando ya Moreno había sido asesinado, constaba como DS. Es decir, «delincuente subversivo». La misma categorización con que se lo identificó en los medios periodísticos de aquellos días con el texto de un informe del Comando de la Primera Unidad de Caballería Blindada del Ejército Argentino, firmado por el general Alfredo Oscar Saint Jean, diciendo que «un miembro de la organización subversiva Montoneros fue abatido por fuerzas de seguridad al intentar evadirse cuando era trasladado, en calidad de detenido a una unidad militar (…) El extremista muerto fue identificado como Carlos Moreno, (…)».

Carlos Moreno había sido secuestrado después de presentar un pedido de licencia por su esposa ante las autoridades de la Escuela de Comercio de Olavarría. Lo habían levantado con un Renault naranja poco antes de las 22 del 29 de abril de la esquina de Dorrego y Lamadrid. Lo mantuvieron cautivo hasta que logró fugar pocos días más tarde por las afueras de Tandil. Y fue recapturado a poco de pedir ayuda en una chacra de la zona. Le dispararon varios disparos y después, lo remataron con palazos sobre su torso desnudo.

Después de una larga espera que duró 35 años, sólo restan semanas para que se empiece a hacer justicia. Están imputados el máximo responsable del regimiento de Tandil, dos integrantes de las fuerzas de seguridad de esa localidad y dos civiles, propietarios de la chacra en la que estuvo clandestinamente detenido y donde fue torturado.