DE ISASISegún lo planteado desde el gremio, «el ejecutivo provincial incurrió en los delitos de falsificación de documentos públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario y falsedad ideológica. Los funcionarios podrían ser penados con seis años de prisión».

La denuncia, que recae sobre el Ministro de Trabajo provincial, Marcelo Villegas y el subsecretario de Negociación Colectiva, Carlos Di Paolo, surge a raíz de una serie de irregularidades por adulteración cometidas desde el gobierno al cerrar la paritaria de los trabajadores estatales de manera ilegal y arbitraria en marzo pasado.

Dichas alteraciones, que van desde el fraguado de actas hasta la interpretación tergiversada de notas presentadas por distintos gremios, llevaron a que ATE elevara el tema a la justicia penal, máxime cuando en el día de ayer y una vez reabierta la paritaria desde la entidad gremial observaron nuevamente maniobras irregulares por parte de los mismos funcionarios involucrados en la causa penal para cerrar la paritaria, en un intento de ratificar el 15% de aumento.

“Entendemos que los hechos que se han dado en el marco de la negociación paritaria están plagados de irregularidades y muestran cierto desprecio del gobierno para con los trabajadores del Estado, además de un grado de impunidad para cerrar un aumento salarial miserable y condenar a las familias de los estatales a penurias”, señaló el secretario general de ATE provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi.

El equipo jurídico de ATE, encabezado por el doctor Marcelo Ponce Núñez, denunció ante el fuero penal la adulteración de las actas paritarias de los días 3 y 11 de marzo en las que se pueden observar cambios de nombres, ausencia de firmas y otras incongruencias (ver apartado “La denuncia”).

Debido a ello, el sindicato pidió la remoción de las autoridades de la cartera laboral y la apertura de una investigación penal. De acuerdo a lo establecido en el artículo 293 del Código Penal la falsificación de documentos públicos puede ser penada con prisión de entre uno y seis años.

“Están dispuestos a cualquier cosa para descargar la crisis sobre los trabajadores y los sectores más vulnerables. Por esto, fueron capaces de violentar la Ley Paritaria para imponer un 15% de hambre y con esto intentar aplacar el conflicto con los estatales”, apuntó de Isasi.

Los tres fallos judiciales que ordenaban al gobierno provincial reabrir la paritaria moldearon la decisión de la provincia de convocar a otra instancia de negociación para el pasado 5 de mayo.

“Ayer se reabrió la paritaria más porque el gobierno no tenía otra oportunidad que por la propia convicción de hacerlo. Volvieron a instalar claramente un operativo para cerrarla con el 15%, queriendo que firmemos un acta sin contemplar las mayorías de afiliaciones y además con los mismos funcionarios que hoy están denunciados penalmente”, dijo de Isasi.

La denuncia

En un mismo expediente judicial, en lo contencioso administrativo, el juez Luis Arias solicitó un informe al Ministerio de Trabajo respecto de la situación de paritarias del sector encuadrado en la ley 10.430 por solicitud de la CTA con la adhesión de ATE y SOEME. Allí se resolvió, de manera precautelar, que “no se cierre la paritaria” y exigió las actuaciones administrativas. Esto es, las actas y comunicaciones de las reuniones.

Por ello el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, a través de la fiscalía de Estado, remitió 183 fojas entre las cuales figuraban copias de actas diversas que no estaban firmadas y, por lo tanto, no se hallaban debidamente suscriptas.

El área legal de ATE advirtió que las actas no contaban con las formalidades que establece la ley (por las firmas) y tampoco existía un expediente administrativo como lo requieren las normas vigentes.

Es preciso destacar que existe una ley de procedimiento administrativo que indica que los expedientes deben tener carátula, las páginas tienen que estar foliadas, y también deben estar las comunicaciones y demás actuaciones. Sin embargo, la documentación remitida por Trabajo es totalmente irregular.

Frente a ello ATE solicitó que el ministerio remita, como es debido, la totalidad del expediente administrativo entendiendo que se había omitido información y que la misma había sido presentada de manera irregular.

Por ende, el ministerio de Trabajo envió un segundo informe y en él aparecieron solamente dos actas y una explicación del ministro argumentando que no era necesaria la confección de un expediente administrativo. Sin embargo, ATE observó que se estaba incumpliendo con los procedimientos conformes al decreto/ley 7647/70.

Junto con la irregularidad de la presentación, por la ausencia de comunicaciones y actuaciones en el segundo informe remitido por la cartera laboral bonaerense, el equipo jurídico de ATE reparó que se había enviado a la justicia -integrando el mismo expediente- dos actas paritarias, con fecha 3 de marzo y 11 de marzo de 2016, diferentes a las incorporadas inicialmente.

En estos casos las cuatro actas a las que se hace referencia, las dos del 3 y 11 de marzo de 2016 remitidas en una primera instancia y las que luego adjuntó el ministerio por solicitud de ATE -también con fecha 3 y 11 de marzo de 2016-, son diferentes en su contenido y en sus formas.

En las primeras se observa la ausencia de firmas por parte de los presentes en el acto paritario, y la distribución y contenido de los párrafos en diversas fojas de distinta manera, cuando deberían ser iguales. Entre las irregularidades, además de que en una hay firmas de presentes y en otra no lo están, las actas exhiben la presencia de distintas personas en una misma reunión según cada acta. Todo esto indica que los documentos presentados ante la justicia fueron adulterados, procediendo el sindicato a realizar la presente denuncia por falsedad ideológica de instrumento público (debido a la modificación de las actas), incumplimiento de los deberes de funcionario público (por la suscripción de los presentes documentos en las condiciones descriptas).

Por todo lo explicitado, ATE pidió la remoción de las autoridades de la cartera laboral y la apertura de una investigación penal, teniendo en cuenta que de acuerdo al artículo 293 del Código Penal Argentino quien “insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio” recibirá una pena de “reclusión o prisión de uno a seis años”.