Se trata de una iniciativa que prevé derogar una norma del 2009 que permitió una excepción a un inmueble de familiares de ambos ex jefes comunales. Por el caso se inició una causa penal para investigar su la norma fue digitada para favorecerlos.
Una ordenanza que buscaba eliminar privilegios inmobiliarios a familiares de dos ex intendentes de la UCR (hoy en Cambiemos) en Bolívar, quedó demorada ante la escandalosa reacción de Matías Simón, uno los involucrados.

La titular del bloque de concejales de Cambiemos de Bolívar, Susana Patti, recibió una carta documento, extendida al resto del cuerpo, donde el supuesto damnificado (Simón) le avisa que si votan la ordenanza iniciará juicio a todos los ediles.
Sucede que el bloque, que es opositor en lo local, evaluaba apoyar la iniciativa, que busca derogar la ordenanza que data de 2009, cuando el entonces jefe comunal Juan Carlos Simón la envió al Deliberante -por entonces presidido por el ex intendente José Erreca-, para que se autorice una excepción inmobiliaria al código de planeamiento municipal en un terreno que estaba a nombre María Malena Coerdeu (cónyuge de Erreca) y Matías Juan Simón (hijo del jefe comunal).
Esta situación irregular generó dos años después, en 2011, una causa penal tramitada ante la Unidad Funcional II del departamento judicial de Azul, en la cual se investiga si la ordenanza en cuestión fue generada y aprobada en beneficio directo y exclusivo de los familiares de los representantes municipales.
En ese proceso, se decidió desde la presidencia del Deliberante anular el beneficio al que calificaron como “una clara, patente e inconfundible manifestación de abuso de poder o autoridad, lo que jurídicamente denominamos abuso del ejercicio de la función pública”.

Según se explica en los fundamentos de la ordenanza que se analiza ahora en el Deliberante, “es al poder judicial a quien le cabe la inminente responsabilidad de establecer, sin más dilaciones o espera injustificadas, si la conducta de los involucrados en la aprobación de la ordenanza 2019/2009 consumó los delitos penales de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, cohecho, y negociación incompatible con el ejercicio de la función pública, o el que correspondiere en el marco de los delitos contra la administración pública”.
Y se expresa que para “remediar” en lo inmediato la situación denunciada como irregular, se plantea la derogación de la ordenanza Nº 12019 de 2009.
Con la denuncia penal en curso, y el traslado del tema al ámbito del Deliberante, la situación de Erreca ingresa en una fase compleja, también hacia adentro de su propio bloque, donde muchos ediles coinciden en derogar viejos privilegios.